¿Para que sirve la Reforma al Sistema Penal?

De manera directa o indirecta en algún momento hemos sido víctimas u ofendidos en un hecho delictuoso y desafortunadamente en la mayoría de los casos nos hemos encontrado con ineficiencia por parte de una o más personas que intervienen en el proceso de procuración e impartición de justicia, derivado de ésto se ha mermado la confianza en las autoridades.

Haciendo un análisis acerca del proceso de procuración de Justicia podemos concluir que para que un Sistema de Justicia Penal sea eficiente se deben de dictar sentencias condenatorias a los culpables y absolutorias a quienes sean inocentes por parte de los Jueces, sin embargo aunque ésto parece fácil no lo es.

"Si pretendemos que un juez desarrolle su tarea con pulcritud, es necesario que agentes del Ministerio Público y defensores apuntalen rigurosamente sus argumentos ante un tribunal. Sin embargo, agentes del Ministerio Público y defensores estarán imposibilitados de conseguirlo si la policía no recaba las pruebas de manera oportuna.
Así, nos guste o no, todo sistema penal depende, en primera instancia, de la policía. Cuando ésta no funciona, agentes del Ministerio Público y defensores no pueden desarrollar un trabajo digno. Los jueces, como consecuencia, tampoco pueden cumplir con el suyo. Como en el caso de un reloj, basta que un sencillo engrane no gire, que un resorte no impulse, para que la maquina entera no funcione de manera adecuada".(INACIPE)

Es por esto que en Junio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal, mediante la cual se implementa el Proceso Penal Acusatorio y Oral, dejando atras el proceso inquisitivo - mixto que generó vicios e impunidad durante muchos años, buscando:

1. Utilizar mecanismos alternativos para resolver los conflictos.
2. Establecer el principio de oportunidad del Ministerio Público.
3. Solicitar, ante el juez, el ejercicio de la acción penal, sin la intervención del Ministerio Público.
4. Implementar Juicios públicos y orales.
5. Suspender un proceso bajo condición.
6. Abreviar el procedimiento ante el conocimiento de participación en el delito.
7. Ampliar los derechos de la víctima u ofendido.
8. Proteger con mayor eficacia los derechos humanos de los inculpados.
9. Explicar públicamente las sentencias.
10. Fortalecer la investigación del delito a cargo de la policía, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público.
11. Restringir la prisión preventiva.
12. Crear un Juez de Control.
13. Impulsar la creación de jueces de Ejecución de Sentencias.
14. Fortalecer las herramientas legales para luchar contra la delincuencia organizada.
15. Establecer medidas especiales para que los sentenciados por delincuencia organizada cumplan su condena.
16. Delimitar los alcances del arraigo.
17. Aplicar los bienes de la delincuencia organizada a favor del Estado.
18. Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
19. Fortalecer la prevención del delito.
20. Revisar que toda pena sea proporcional a la conducta que sanciona y a los bienes afectados.